La lentitud de la justicia es un hecho que abarca a todos y cada uno de los fueros. Todos los casos merecen que se resuelva en forma rápida y justa, pero quizás en lo que hace a la salud de las personas debieran poder acelerarse los tiempos, sin que se pierda calidad en el proceso ni justeza en la decisión.
El caso en cuestión se inició hace casi 25 años, con el nacimiento de una niña de nombre María Virginia.
El embarazo cursaba sin dificultades aparentes. El 27 de enero de 1993 la madre entró en la sala de partos. Tras una hora pujando y como la niña no nacía, el médico decidió utilizar fórceps. Tampoco logró extraerla por ese medio, por lo que finalmente se decidió por una cesárea. Cuando la pequeña salió del seno materno, presentaba una corona roja alrededor de la cabeza, fruto del manipuleo con la herramienta.
Como consecuencia de la mala utilización de los fórceps, María Virginia nació con parálisis facial. Pero no fue el único inconveniente que le produjo la mala maniobra médica, sino que además tiene dificultades para hablar y el desarrollo mental de una niña de 11 años.
Tras años de litigar, finalmente la Obra Social de los Conductores de Transporte Colectivo fue condenada a pagar una indemnización de cuatro millones de pesos, aunque, como la entidad apeló, habrá que esperar la resolución final del tribunal superior, para ver si se hace efectiva.
A su vez, el médico que llevó a cabo la mala praxis resultó indemne, dado que falleció antes de que se dictara la condena, por lo cual su buen nombre y reputación quedaron intactos.
Casi veinticinco años, la condena del Juzgado en lo Civil y Comercial nº 2 parece muy tardía, dado el sufrimiento y las consecuencias de la mala praxis que debieron soportar María Virginia y su familia. Es necesario que la justicia sea realmente justa e impida chicanas e impedimentos que prolongan el sufrimiento de las personas.
