A pesar de haber aprobado la cursada con una currícula adaptada, no reciben el documento necesario para seguir estudiando o insertarse laboralmente; el escenario se repite en algunas provincias
Alan Rodríguez, de 21 años, tiene síndrome de Down y terminó el secundario en un colegio común de la ciudad de Buenos Aires, al que asistió toda su vida con el acompañamiento de una maestra integradora. Desde 2013 espera recibir el título oficial que acredite que terminó la secundaria. «Siempre fui muy estudioso, buen compañero y me saqué buenas notas. Yo quiero seguir estudiando y para eso necesito mi título. Me encantaría ser profesor de música para enseñar a otros chicos con discapacidad o estudiar informática», confiesa el joven.
Su caso pone a la luz la problemática de una gran cantidad de alumnos con discapacidad que hoy están incluidos en escuelas comunes de la Ciudad de Buenos Aires y que cursan con una currícula adaptada de acuerdo a sus necesidades y ritmos de aprendizaje, tal como lo concibe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestra legislación mediante la ley 26.378 y con jerarquía constitucional.
Son numerosas las trabas que impiden que los alumnos con discapacidad que asisten a escuelas comunes ( 65.750 en todo el país) puedan realizar el trayecto escolar natural como el resto de sus compañeros: que los acepten en las instituciones, que puedan asistir con la maestra integradora, que les adapten los contenidos de acuerdo a sus necesidades. Pero a todas estas dificultades se suma una más: que después de haber logrado aprobar el nivel correspondiente con una currícula adaptada, no les quieran entregar su título oficial.
Si bien esta situación se da en la Ciudad de Buenos Aires, estas barreras se reiteran en muchas provincias. La legislación y las políticas educativas varían entre las distintas jurisdicciones, aunque todas tienen la obligación emitir certificados con validez nacional y de adecuarse a las normas constitucionales.
Por ejemplo, en 2015, las escuelas de modalidad especial y común que integran a alumnos con discapacidad en la provincia de Córdoba recibieron la notificación de la Resolución 0081, en la que se anunciaba la decisión de dejar de emitir títulos de educación secundaria. Gracias a la presión de las familias y las escuelas, finalmente se dejó sin efecto: durante 2016 recibirán su título oficial. Sin embargo, aún queda pendiente plantear la problemática en el Consejo Federal de Educación para lograr cambios en las políticas públicas a nivel nacional.
Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) los datos y cifras relevadas por el Ministerio de Educación de la Nación son incompletos e insuficientes para dar cuenta de la situación de las personas con discapacidad, requisito para una política educativa inclusiva.
Frente a la negativa de la escuela Jesús María de San Vicente de Paul, y del Ministerio de Educación de la Ciudad a entregarle el título oficial a Alan, el joven y su familia presentaron un amparo ante la Justicia, apoyados por ACIJ y la coalición de organizaciones Grupo Artículo 24 (conformada por más de 130 entidades que trabajan por la educación inclusiva). Su mamá, Florencia Innamorato, cuenta: «Vengo golpeando puertas y teniendo reuniones con funcionarios del Ministerio de Educación y la escuela. Ahora estamos llevando esta batalla, que también es la batalla de muchos, a la Justicia».
«Alan fue aprobando y avanzando año a año con mucho esfuerzo. Yo puedo asegurar-y sus compañeros también-que se quemó las pestañas estudiando para alcanzar los objetivos propuestos en su proyecto pedagógico individual», expresa su madre y dice que, la primera vez que les comunicaron que Alan no recibiría su título fue al terminar 5to año, lo que significó una sorpresa y una gran decepción.
Cuando empezaron a trabajar en el caso, desde ACIJ indagaron en la normativa y analizaron la disposición ministerial 25 y 219 que emana de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEP), las cuales establecen que, aun cuando los chicos alcanzaran todos los logros de su proyecto pedagógico individual, al momento de la acreditación, se les exige tener aprobados todos los contenidos mínimos del nivel común, y no los de la currícula adaptada como tuvo Alan.
En este sentido, Mariela Galeazzi, la abogada de Alan y miembro de ACIJ expresa: «Sostenemos que esta disposición es inconstitucional y además una contradicción inmensa, porque significa dar el apoyo y los ajustes que permiten la educación inclusiva pero, al final, en el momento clave de la acreditación, no se les da el título porque se los evalúa al mismo nivel que al resto de sus compañeros que no tienen discapacidad. A cambio, se les entrega una certificación de cursada que no tiene validez para estudiar una carrera universitaria o acceder a un trabajo que requiera título secundario».
Desde la Escuela Jesús María de San Vicente de Paul responden: «Según el Ministerio de Educación, no se le da el título a Alan porque cursó con un proyecto pedagógico y no están aprobados los contenidos mínimos. Los padres estaban avisados porque todos los años firmaban las actas. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer según nuestra superioridad pedagógica, la DGEP», dice Dora Scharer, representante legal de la institución.
Innamorato afirma que esto es falso, que ellos recibían un boletín aprobado de acuerdo a su proyecto pedagógico pero que la escuela después pasaba otras notas al libro matriz , documento oficial (equiparadas a los contenidos mínimos exigidos) al cual ellos nunca accedieron . «Si los directivos vieron que en algún momento mi hijo no aprobaba los contenidos mínimos, accionaron mal al quedarse callados dejando que Alan siguiera pasando de año sin avisarnos. De haber sabido Alan podría haber rendido en diciembre de nuevo los exámenes como muchos de sus compañeros. Se engañaron a ellos mismos, nos engañaron a nosotros y lo más triste es que lo engañaron a Alan», reprocha su madre.
Para Gabriela Santuccione, coordinadora del Grupo Artículo 24, es grave que no se esclarezca la trayectoria escolar de alumnos con discapacidad en escuelas comunes porque ambos niveles- tanto la primaria como secundaria- son obligatorios en nuestro país por la Ley Nacional de Educación. «El resultado es que el mismo sistema que dice incluir termina cometiendo una hipocresía estructural: te exijo cursar la secundaria pero no te doy el título si la hacés en una escuela común», declara.
Por su parte, en ACIJ explican que, frente al vacío normativo y la falta de claridad sobre cómo contemplar y considerar los desempeños de aquellos alumnos que tienen una currícula adaptada, algunas escuelas, como la de Alan, colocan barreras, mientras otras deciden otorgar el título en igualdad de condiciones. Al mismo tiempo destacan como antecedente el caso de Melina Quereilhac, donde la Justicia porteña condenó al Gobierno de la Ciudad a entregar el título secundario de bachiller a una estudiante a la que se lo negaron tras haber cursado con una currícula adaptada.
¿Qué dicen desde el Ministerio de Educación de la Ciudad? Andrea Bruzos, Subsecretaria de Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, reconoce la necesidad de revisar la acreditación de las trayectorias escolares de chicos que cursan con proyectos pedagógicos individuales. Por este motivo asegura que la Ministra Soledad Acuña planteó el tema en la última reunión del Consejo Federal de Educación, donde se reúnen todos los ministros del país. «Se presenta la necesidad de una titulación con currícula adaptada. Considero que tienen que tener un título secundario que los habilite a continuar una carrera terciaria, universitaria, acceder a un trabajo. Lo que se está trabajando es qué tipo de título que sea acorde a la currícula adaptada», dice.
Frente a ello, desde ACIJ defienden que el título oficial en igualdad de condiciones es un documento fundamental para continuar la formación a lo largo de la vida en el sistema educativo formal, para la inserción laboral, la vida autónoma y la inclusión social. «La escuela es la puerta a la vida en comunidad y esa puerta no puede tener una cerradura que está bloqueada para quienes no encuadran en un estereotipo arbitrario, que estigmatiza a quienes tienen ritmos, habilidades y necesidades diversas», señala Paula García, integrante de esta organización que busca incidir para que el sistema educativo permita el acceso igualitario sin discriminación y provea todo lo necesario para dar lugar al pleno desarrollo de la persona.
Las organizaciones sociales que hacen foco en este tema, están convencidas de que la revisión que se está planteando en el Consejo Federal sobre la acreditación de trayectorias escolares, es una oportunidad para que se escuchen sus voces. «Lamentablemente, a pesar de que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad exige a los Estados firmantes realizar consultas estrechas con las personas con discapacidad a través de las organizaciones de personas con discapacidad, nadie hasta el momento nos ha consultado sobre esa normativa en la que estarían trabajando», asevera Santuccione.
¿Por qué es importante lograr un cambio? Todos los especialistas consultados coinciden en que los principales afectados son los alumnos, que hacen un gran esfuerzo para poder estudiar en las escuelas comunes e igual se sienten rechazados en estos ámbitos, porque los padres terminan envueltos en una lucha interminable para conseguir algo tan básico como el derecho a la educación de sus hijos y se ven ahogados por tanta imprevisión e improvisación. «La normativa debe incluir la provisión de apoyos, el diseño universal del aprendizaje, la prohibición de negar matrícula y los ajustes que sean necesarios», continúa Santuccione.
«Todavía faltan realizar muchos ajustes para poder llegar a construir una educación realmente inclusiva, que no es sólo para las personas con discapacidad, sino también para la gran cantidad de chicos que hoy se quedan afuera del sistema, porque este los expulsa, no los recibe o los hace fracasar», concluye.
Pasar a secundaria, otro escollo
Clara Mayol, una joven de 16 años que tiene síndrome de Williams, una afección que provoca, entre otras cosas, retraso y déficit de atención, va al colegio Mallinckrodt desde jardín de infantes con el apoyo de una maestra integradora y un PPI, en el marco de la DI 25/2011 Dgegp y su complementaria DI 219/12.
Cuando estaba en 6° grado le informaron a su familia que no iba a poder pasar a secundaria si no tenía su primaria aprobada según los contenidos mínimos curriculares de la educación primaria.
«Esto, además de ser absurdo, era ilegal e inaceptable, porque la obligación de la educación de cualquier persona es hasta los 18 años, y no se podía exigir a un alumno con trastorno en el desarrollo intelectual aprobar los contenidos mínimos curriculares al igual que cualquier persona con desarrollo típico», dice Paula Galante de Mayol, su madre, quien impulsó el cambio junto a otros padres y el Grupo Art. 24, y realizaron un arduo trabajo con el aval del ministro Esteban Bullrich, para que en 2012 se incorporara el artículo 4 bis a la resolución del Ministerio de Educación porteño que limitaba el acceso al secundario de los chicos con discapacidad.
Esto permitió que los jóvenes con discapacidad matriculados en colegios privados comunes pudieran continuar sus estudios secundarios con su grupo de pertenencia y su PPI. Así es como Clara pasó a secundaria en el mismo colegio.
Pero, al momento de recibir su boletín de 1° año, el colegio se lo negó, argumentado que si bien ella había alcanzado los objetivos de su PPI, no tenía su primaria aprobada según los contenidos mínimos de la currícula estandarizada del nivel primario. «Entonces se le entregó un nuevo boletín de primaria, inaceptable, sin firma de maestro y que no decía el grado, cuando ella ya tenía todos sus boletines de primaria con notas aprobadas», continúa su madre.
Para denunciar la situación, Galante se reunió nuevamente con el entonces ministro Bullrich, quien en febrero de 2015 ordenó al colegio, por medio de la resolución 2015-103-Ssgecp, que resolvió la certificación por excepción, se le otorgara a Clara su «certificado de aprobación de estudios primarios» con PPI, y su boletín de primer año.»Mi obligación moral, es difundir esta ejemplar resolución, para que Clara no sea una excepción. Porque los derechos que se le reconocieron a mi hija se los deben reconocer a todos, y el marco legal por el cual nuestros hijos están amparados es precisamente el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad», sostiene Galante de Mayol.
En esa misma resolución se asentó que el Ministerio de Educación se encuentra en proceso de elaboración de la normativa vinculada a la educación inclusiva con el objeto de plasmar las recomendaciones dispuestas, posibilitando así la trayectoria escolar de los alumnos con discapacidad en los niveles comunes de educación. «Éste es un compromiso que se asumió en 2015, pero que hasta ahora nunca se llevó a cabo», denuncia. Luego concluye: «Mi hija está matriculada en una escuela común y desde ya me hacen firmar que no va a recibir un título de bachiller. Yo me pregunto, ¿por qué la escuela común no puede dar un título oficial a chicos con discapacidad que cursan con una currícula adaptada?»
Cómo colaborar
ACIJ
Grupo Art. 24
Campaña de firmas online
Bajo el lema «Por mi discapacidad, me niegan mi título. Quiero seguir estudiando», Alan Rodríguez -un joven con Síndrome de Down de 21 años- inició una petición en Change.org (la mayor plataforma virtual de peticiones del mundo). Su intención es que en la Argentina se cambie la legislación y tanto él como muchos otros chicos con discapacidad puedan ir a la universidad y continuar su formación una vez que terminan la secundaria.
La campaña lleva sumadas 96.328 firmas para lograr que se garantice la trayectoria educativa a todas las personas. Aún faltan 53.672 firmas para alcanzar las 150.000 que necesita: www.change.org/alan
