Las organizaciones abajo firmantes repudiamos el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de la temática de discapacidad a la órbita del Ministerio de Salud.
Esta decisión implica un grave retroceso hacia el modelo médico-rehabilitador, abandonando el modelo social de la discapacidad consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional suscripto por el Estado Nacional en el año 2008 y al que se le reconoce jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
La medida adoptada confirma la persistente decisión del gobierno nacional de no reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, reduciéndolas nuevamente a la condición de pacientes, objetos de cuidado y rehabilitación. Ello se ve expresamente reflejado en las declaraciones oficiales, que justifican el cambio institucional señalando que permitirá “garantizar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente su finalidad sanitaria”.
Esta definición vulnera derechos consagrados por la Convención y por la Constitución Nacional, y constituye un nuevo ataque a un colectivo históricamente vulnerado, que en el último tiempo ha sido objeto de una sistemática campaña de desprestigio y estigmatización por parte del gobierno nacional.
Una vez más, se pretende fundamentar esta decisión en supuestos hechos respecto de los cuales no se han aportado pruebas suficientes, asociando de manera injustificada a las personas con discapacidad con prácticas de malversación de fondos o maniobras ilícitas, lo que profundiza su estigmatización social.
La formulación y gestión de políticas públicas en discapacidad requieren mecanismos de transversalidad y coordinación interministerial, tal como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la decisión gubernamental limita el abordaje de la discapacidad a una cuestión estrictamente sanitaria, prescindiendo de dimensiones esenciales como el derecho al empleo, a la educación inclusiva, a la vida independiente, a la toma de decisiones con apoyos, a la accesibilidad, a los apoyos necesarios, a los derechos políticos, al deporte, la recreación y la participación plena en la comunidad, entre otros.
En su artículo 33, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga al Estado a designar puntos focales y mecanismos de coordinación intersectorial para la implementación efectiva de las políticas públicas en la materia, obligación que se ve claramente incumplida con esta medida.
Finalmente, sostenemos que los hechos de corrupción que pudieran haberse detectado en el ámbito de la ANDIS no se solucionan mediante su cierre, sino a través de la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las responsabilidades correspondientes. La eliminación del organismo solo perjudica el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin resolver los hechos denunciados.